En dicha norma no se determinan derechos específicos a favor de los trabajadores con discapacidad, sino que son de aplicación los derechos generales recogidos en la misma. En lo que aquí nos interesa, el artículo 4. También el artículo 4. Asimismo, el artículo Ahora bien, por un lado, el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación para el empresario de adecuar el puesto de trabajo a la persona; esto es, a las concretas circunstancias físicas y personales de cada trabajador. Por ello, si el trabajador tiene una discapacidad, el empresario debe adaptar su puesto de trabajo a sus circunstancias personales. Si no lo hace, podría incurrir en responsabilidad. Así, si no se le comunica al empresario la discapacidad del trabajador se le podría causar un perjuicio que podría suponer como represalia la extinción de su contrato de trabajo, por trasgresión de la buena fe contractual, al no haber comunicado a la empresa el dato de la discapacidad.
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A todos los que la presente vieren y entendieren. Aunque la reciente recesión económica deterioró especialmente los ingresos de los hogares con menos recursos, la alta desigualdad en España precede a los años de recesión, y la recuperación experimentada desde no la ha corregido sustancialmente. De acuerdo con la definición del INE y de Eurostat personas que viven en hogares adonde la renta disponible por unidad de consumo es inferior al 60 por ciento de la mediana de la renta nacional , en España 9,9 millones de personas 21 por ciento en 4 millones de hogares se encuentran en riesgo de pobreza. Esta alta tasa de pobreza tiene una importante dimensión generacional, también persistente en el tiempo. Estos sistemas han desempeñado un papel muy relevante para la atención de las personas en localización de vulnerabilidad, tanto en los momentos de crisis económica como en las etapas de crecimiento. Sin embargo, se trata de modelos muy diferentes entre sí, con variaciones muy sustanciales en su diseño, y especialmente en sus grados de cobertura y nivel de protección. Estas debilidades del sistema de garantía de ingresos español han sido puestas de manifiesto de manera recurrente en informes y recomendaciones procedentes de las instituciones europeas.
Versión en lectura difícil
Para todos aquellos que sufren diferentes tipos de discapacidad, se les especifica su grado de discapacidad mediante un acta de discapacidad, enmarcado dentro de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Introducción Social LGDanteriormente conocida como Ley de Integración Social de personas con discapacidad LISMI. Ley de Integración Social de personas con discapacidad Las personas que cuentan con un certificado de discapacidad, se le especifica el nivel de discapacidad en porcentajes, ya sea por enfermedad, por ser personas mayores que presentan grado de dependencia o alguna condición especial. De esta manera, son clasificados dentro de la ley en 2 grupos: 1. Los porcentajes de los que te hemos hablado con anterioridad fueron especificados en la conocida como LISMI que se aprobó enaunque desde entonces se han conseguido otros muchos avances que tomaron cuerpo absoluto en la Ley General de Arancel de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, ley también conocida como LGD. Si los tipos de discapacidad se mantienen inalterables, hay muchas cosas que el nuevo texto añade y que suponen beneficios para discapacitados que no hay que dejar de lado de ninguna forma. Aunque esto lo veremos con mayor profundidad en el siguiente apartado, el simple acción de abrir las puertas del globo laboral las personas con certificado de discapacidad es ya un logro que pone el rumbo correcto en la integración de las personas, aportando de manera positiva a la economía y a la sociedad, si cuentan con el apoyo suficiente. Permiso para aparcar en puestos para personas discapacitadas. Reducción de impuestos para productos relacionados a su condición. Descuentos en variadas actividades de ocio.
BOE-A-2021-21007
Ni se consideran en situación de vulnerabilidad económica, con independencia de la enjuiciamiento del patrimonio, las personas beneficiarias individuales o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus jurado sea administrador de derecho de una sociedad mercantil que no haya cesado en su actividad. Reglas para el cómputo de patrimonio. La cuantía mensual de la renta garantizada en es: Para un beneficiario individual: el por del importe anual de las pensiones no contributivas dividido entre doce. En son ,63 euros. Esta cantidad se incrementa un 22 por si el perceptor tiene un grado de discapacidad igual o superior al 65 por Para los importes son: ,12 euros para una unidad de convivencia formada por un adulto y un menor o dos adultos. Para los importes mensuales son: ,28 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y un benjamín. Mayores de tres años y menores de seis años: 70 euros. Mayores de seis años y menores de 18 años: 50 euros.
